Las razones que nos llevan a no callar ante los muertos
Tras explicar cómo sucedieron los hechos, queremos explicar las razones que nos han llevado durante más de 40 años, a seguir denunciando la gravedad de la experimentación con seres humanos de las válvulas cardíacas Durafic y Xenofic.
La documentación demuestra una total improvisación e innumerables ilegalidades
El primer documento que conseguimos fue el catalogo del cuarto modelo de válvula artificial llamada Xenofic. Fabricada por Implamedic, S. A. en un piso de 83m2 en la plaza Santa Bárbara 8, de Madrid. Constatamos irregularidades sanitarias al no indicar el número de autorización por la Dirección General de Farmacia, tampoco especificaba los materiales de los que estaban fabricadas, con el consiguiente riesgo de alergias y rechazos de los pacientes.
Poco después conseguimos la memoria técnica de válvula Xenofic. En ella se puede leer que no tenían nada claro como tenían que tratar los tejidos biológicos muertos con los que fabricar las válvulas. La importancia de un estudio profundo y concluyente era vital para los pacientes, porque las válvulas tenían que soportar la presión sanguínea, unos 100.000 movimientos diarios sin deteriorarse rápidamente. También quedaba descrito una falta de bioética en medicina al haber descrito que habían experimentado directamente en muchas personas sin probarlas primero en animales.
La mala praxis médica era todavía mayor, ya que desconocían las reacciones alérgicas de rechazo y toxicidad que provocaban los materiales utilizados en la fabricación de esas válvulas. No sabían el estado de salubridad de las terneras ni de los cadáveres humanos a los que se les habían extraído los tejidos biológicos.
Las válvulas no estaban autorizadas y Sanidad tuvo que solicitar su inmovilización
A finales de febrero de 1984 el Ministerio de Sanidad nos confirmo que las válvulas no estaban autorizadas para ser implantadas, ni por ellos ni por la Dirección General de Farmacia.
Las investigaciones y reclamaciones que llevamos a cabo las víctimas, debieron revolver los organismos sanitarios y el 24 de febrero de 1984, la Dirección Provincial de Sanidad envió un telegrama a todos los hospitales de España, solicitando la inmovilización de todas las válvulas Xenofic y Durafic por graves riesgos para la salud.
Experimentaron con al menos 2100 personas y se estima que murieron unas 1200 personas
De la primera versión de la Durafic con Fascia Lata humana, en un congreso americano reconocen experimentar con al menos 85 pacientes y que el material utilizado para fabricar las válvulas no sirve. Pero solo proporcionan datos de las 11 válvulas que reemplazaron. Por lo que se desprende que el resto debieron morir, ya que confirmaron la no viabilidad de los materiales y las técnicas empleadas para el experimento.
De la segunda versión de Durafic con arterias no hemos podido obtener datos.
De la tercera versión de la Durafic con meninges humanas, conocidas entre los médicos como las Putafic. Los documentos que tenemos indican que al menos vendieron 800 unidades entre quince hospitales de toda España y el hospital Northern General Hospital (Sheffield, Inglaterra) que posteriormente emprendió reclamaciones legales por los malos resultados de las válvulas.
Los documentos oficiales del servicio de experimentación del Hospital Universitario Puerta de Hierro, indican que se implantaron 230 válvulas Durafic, con una mortalidad en el hospital del 19.3%, una alta tasa de reintervenciones a los pocos meses y un desconocimiento del estado del resto de los portadores.
Con la válvula Xenofic de pericardio de ternera, los resultados que conocemos fueron todavía peores que con las anteriores Durafic. Fallaron rápidamente el 70% de las válvulas y las reintervenciones no pudieron evitar la muerte de más de la mitad de los implantados con Xenofic.
Los documentos de la comercializadora Ciamsa Médica S.L. confirman que distribuyeron 1.200 válvulas Xenofic en 17 hospitales españoles.
Como las investigaciones nunca ha visto la luz, no sabemos la cifra exacta de fallecidos por estos experimentos. Pero en 1990 un miembro de la policía nos informó verbalmente que, tras nuestra protesta del día de la constitución en 1989, se realizó una investigación interna donde estimaron 1200 fallecidos. Esta cifra de muertes por negligencia sanitaria, coincide con la que también nos trasladaron personas vinculadas a la sanidad española.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la tragedia. Esas 1200 muertes, son cinco veces los muertos en la DANA de Valencia y muchos más de los asesinados por la banda terrorista ETA en toda su historia.
Los cirujanos confirmaron que las válvulas eran desastrosas
Lo primero que hicimos varios afectados de las válvulas Xenofic fue pedir explicaciones a los cirujanos que habían colocado las válvulas, que nos confirmaron que habían fallado casi todas a los pocos meses de implantarlas.
Los informes revelan una tasa de fallo de pacientes con estas válvulas de aproximadamente del 75% en menos de dos años. Presentaban una rápida evolución a insuficiencia cardiaca y desgarros de velos. La mayoría de los pacientes morían si no eran reintervenidos a tiempo. Por lo que varios médicos emitieron informes que desaconsejaban su uso en clínicas, para evitar más muertes por negligencia sanitaria.
En 1981 sabían que las válvulas no funcionaban, pero las siguieron fabricando hasta 1984
Como recogen los documentos. En 1981 al poco de empezar a implantarse las Xenofic, algunos cirujanos constataron que las válvulas no funcionaban correctamente y suspendieron su implantación en sus hospitales. Informaron al centro de experimentación del Hospital Puerta de Hierro y a la comercializadora. Pero estos ignoraron las advertencias y siguieron alentando la compra de las válvulas de sus doctores, hasta que fueron inmovilizadas por Sanidad en 1984.
La comercializadora que también estaba informada de que las válvulas estaban matando a sus portadores. Siguió vendiéndola como mínimo hasta septiembre de 1983, tal y como reconoció uno de sus directivos en una entrevista de la revista Interviu.
Mintieron a los pacientes
No se obtuvo consentimiento informado de los pacientes y varios fueron engañados. En ningún momento les informaron de que se trataba de válvulas experimentales, que se fabricaban en un piso de Madrid por los doctores Dr. Diego Figuera y Dr. José Luis Castillo-Olivares Ramos. A algunas víctimas les llegaron incluso a decir que se trataba de válvulas americanas.
La omisión del consentimiento informado supone una vulneración del principio de autonomía de las personas y convierte la intervención en una agresión médica. El artículo 10 del código de Deontología Médica de 1979, establecía que ‘todo paciente tiene derecho a conocer la naturaleza de su enfermedad y a decidir libremente entre las opciones terapéuticas posibles’. Nada de esto ocurrió en estos casos.
Experimentaron con pacientes de medios rurales y clase baja
Según nuestras observaciones, la mayoría de las víctimas eran personas de clase baja o individuos desarraigados procedentes del ámbito rural. Consideramos que la selección de estos pacientes no fue casual, sino deliberada, con el propósito de evitar personas con mayor poder o fuertes lazos familiares, lo que les otorgaba una impunidad mayor.
No había seguros de responsabilidad civil
En una conversación telefónica de una de las víctimas con el Dr. Castillo-Olivares. Este confirmo que la empresa que crearon para vender las válvulas, no tenía ningún seguro de responsabilidad civil y que simplemente confiáramos en la misericordia de Dios.
No se cumplía la normativa legal ni ética para este tipo de experimentos
No se cumplía la normativa legal ni ética para este tipo de experimentos
Las válvulas, ni su proceso de experimentación, cumplían con la legislación al respecto. Además, para fabricar válvulas Durafic se extrajeron meninges de cadáveres sin consentimiento informado.
Entre la normativa nacional que los doctores Dr. Diego Figuera y Dr. José Luis Castillo-Olivares Ramos no respetaron se encuentran:
- Real Decreto 944/1978 sobre ensayos clínicos.
- Real Decreto 908/1978 sobre el control sanitario y la homologación de material médico.
- Constitución Española.
-Artículo 10. Derecho a la dignidad de la persona y sus derechos inherentes.
– Artículo 15. Se garantiza el derecho a la vida.
– Artículo 43. Derecho a la protección de la salud - Código de Ética y Deontología Médica.
Tampoco con los acuerdos internacionales de bioética en medicina al respecto como son:
- Declaración de Helsinki y Principios de Núremberg.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- La Convención Europea de Derechos Humanos.
Las personas de se atrevieron a denunciar los hechos fueron apartados de sus funciones
Durante el tiempo que duraron los experimentos ilegales, hubo muchas entidades y doctores que denunciaron esta mala praxis médica. Pero fueron callados y generalmente apartados de sus responsabilidades, para que estos doctores amigos de las altas esferas, pudieran seguir realizando sus experimentos.
Dr. Mario Alfonso San Juan Catedrático de Farmacobiolgia e Inspector Nacional de Farmacia del Insalud. Fue el primer denunciante de las prácticas de coballismo que se estaban llevando a cabo en España y acabo enviado en la Universidad de la Laguna en Canarias y posteriormente apartado sin actividad en el pasillo del sótano del ambulatorio Vicente Soldedevillas de Vallecas.
Dr. Román Guaita Egea, Capitán médico de la Marina y abogado. Fue Inspector Nacional de Sanidad y fue cesado por denunciar las irregularidades sanitarias y apartado de cualquier función. Acabo como asesor del Defensor de Pueblo.
José Luis Izaguirre Robledo, director del Insalud. Acabo cesado en un consejo de Ministros por Alberto Oliart y dedicándose posteriormente a la empresa privada.
No ha habido justicia, reparación ni memoria para las víctimas
Desde gran parte de las instituciones, se ha tratado reiteradamente de tapar y acallar esta mala praxis médica.
Nunca se ha completado una investigación judicial cuyos resultados hayan sido públicos. La falta de acción judicial frente a hechos tan graves, erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Las instituciones nunca han reconocido oficialmente todos los hechos. Algunas sentencias han alcanzado a decir que el estado hizo lo que pudo. Pero eso es claramente falso e insuficiente, porque había muchas denuncias desde hacía tiempo y no lo pararon hasta que las víctimas y los medios les acorralaron. Porque más allá de lo legal, reconocer públicamente todos los errores que se cometieron es esencial para la dignidad, memoria y duelo de las víctimas.
Nunca ha existido reparación para las victimas ni sus familiares. Muchos de las personas que murieron eran padres y madres con hijos que quedaron huérfanos sin sustento ni apoyo. Muchos de los que sobrevivieron tuvieron que cambiar de trabajo o quedaron con secuelas físicas y psicológicas que les han lastrado el resto de sus vidas.
Además, la inacción de las instituciones establece un peligroso precedente que puede normalizar la impunidad y la experimentación sin control. Esto puede abrir la puerta a futuros abusos en muchos ámbitos sanitarios.
Si quieres saber cómo ha funcionado la justicia ante tantos muertos. Te invitamos a leer la siguiente página.