Las razones que nos llevan a no callar ante los muertos
Tras explicar cómo sucedieron los hechos, explicamos las razones que nos han llevado durante más de 40 años a seguir denunciando la gravedad de la experimentación con seres humanos de las válvulas cardíacas Durafic y Xenofic.
La documentación demuestra una total improvisación e innumerables ilegalidades
El primer documento que conseguimos fue el catálogo del cuarto modelo de válvula artificial llamada Xenofic, fabricada por Implamedic, S. A. en un pequeño piso de la plaza Santa Bárbara 8 de Madrid. Constatamos irregularidades sanitarias al no indicar el número de autorización de la Dirección General de Farmacia y al no especificar los materiales de los que estaban fabricadas, con el consiguiente riesgo de alergias y rechazos de los pacientes.
Poco después conseguimos la memoria técnica de válvula Xenofic. En ella se puede leer que no tenían nada claro cómo tenían que tratar los tejidos biológicos muertos con los que fabricar las válvulas. La importancia de un estudio profundo y concluyente era vital para los pacientes, porque las válvulas tenían que soportar la presión sanguínea, unos cien mil movimientos diarios, sin deteriorarse rápidamente. También quedaba descrita una falta de bioética en medicina, al haber descrito que habían experimentado directamente con muchas personas, sin probarlas primero en animales, como exige la Declaración de Helsinki.
La mala praxis médica era todavía mayor, ya que desconocían las reacciones alérgicas de rechazo y toxicidad que provocaban los materiales utilizados en la fabricación de esas válvulas. No sabían el estado de salubridad de las terneras, ni de los cadáveres humanos a los que se les habían extraído los tejidos biológicos.
Las válvulas no estaban autorizadas y Sanidad tuvo que solicitar su inmovilización
A finales de febrero de 1984, el Ministerio de Sanidad nos confirmó que las válvulas no estaban autorizadas para ser implantadas; ni por ellos, ni por la Dirección General de Farmacia.
Las investigaciones y reclamaciones que llevamos a cabo las víctimas debieron «revolver» a los organismos sanitarios, y el 24 de febrero de 1984, la Dirección Provincial de Sanidad envió un telegrama a todos los hospitales de España, solicitando la inmovilización de todas las válvulas Xenofic y Durafic por graves riesgos para la salud.
Experimentaron con al menos 2.100 personas y se estima que murieron unas 1.200
De la primera versión de la Durafic con Fascia Lata humana, en un congreso americano reconocieron haber experimentado con al menos 85 pacientes y que el material utilizado para fabricar las válvulas no servía. Pero sólo proporcionan datos de las 11 válvulas que reemplazaron, de lo que se desprende que el resto debieron morir, al no confirmar la no viabilidad de los materiales y las técnicas empleadas para el experimento.
De la segunda versión de Durafic con arterias no hemos podido obtener datos.
La tercera versión de la Durafic con meninges humanas fue conocida entre los médicos como las «Putafic». Los documentos que conseguimos indican que al menos vendieron 800 unidades entre quince hospitales de toda España y el Northern General Hospital de Sheffield (Inglaterra), que posteriormente emprendió acciones legales por los malos resultados de las válvulas.
Los documentos oficiales del Servicio de Experimentación del Hospital Universitario Puerta de Hierro indican que se implantaron 230 válvulas Durafic, con una mortalidad en el hospital del 19,3%, una alta tasa de reintervenciones a los pocos meses y un desconocimiento del estado del resto de los portadores.
Con la válvula Xenofic de pericardio de ternera, los resultados que conocemos fueron todavía peores que con las anteriores Durafic. Fallaron rápidamente el 70% de las válvulas y las reintervenciones no pudieron evitar la muerte de más de la mitad de los implantados con Xenofic.
Los documentos de la comercializadora Ciamsa Médica S.L. confirman que distribuyeron 1.200 válvulas Xenofic en 17 hospitales españoles.
Como las investigaciones nunca han visto la luz, no tenemos la cifra exacta de fallecidos por estos experimentos. Pero en 1990, un miembro de la Policía Nacional nos informó verbalmente que, tras nuestra protesta en el Día de la Constitución de 1989, se realizó una investigación interna en la que se estimaron unos 1.200 fallecidos. Esta cifra de muertes por negligencia sanitaria coincide con la que también nos trasladaron personas vinculadas al sistema sanitario español.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la tragedia, esas 1.200 muertes son cinco veces los muertos en la DANA de Valencia y muchos más de los asesinados por la banda terrorista ETA en toda su historia.
Los cirujanos confirmaron que las válvulas eran desastrosas
Lo primero que hicimos varios afectados de las válvulas Xenofic fue pedir explicaciones a los cirujanos que habían colocado las válvulas y nos confirmaron que habían fallado casi todas a los pocos meses de implantarlas.
Los informes revelan una tasa de fallo de aproximadamente el 75% en menos de dos años. Los pacientes presentaron una rápida evolución a insuficiencia cardiaca y desgarros de velos. La mayoría de ellos morían si no eran reintervenidos a tiempo, por lo que varios médicos emitieron informes que desaconsejaban su uso en clínicas, para evitar más muertes por negligencia sanitaria.
En 1981 se sabía que las válvulas no funcionaban, pero las siguieron fabricando hasta 1984
Tal y como recogen los documentos de 1981, al poco tiempo de empezar a implantarse las válvulas Xenofic, algunos cirujanos constataron que no funcionaban correctamente y suspendieron su implantación en sus hospitales. Informaron al departamento de experimentación del Hospital Puerta de Hierro y a la comercializadora, pero estos ignoraron las advertencias y siguieron promocionando la compra de estas válvulas, hasta que fueron inmovilizadas por Sanidad en 1984.
La comercializadora, que también estaba informada de que las válvulas estaban matando a sus portadores, continuó vendiéndolas, como mínimo, hasta septiembre de 1983, tal y como reconoció uno de sus directivos en una entrevista en la revista Interviu.
Mintieron a los pacientes
No se obtuvo consentimiento informado de los pacientes. En ningún momento les informaron de que se trataba de válvulas experimentales, que se fabricaban en un piso de Madrid por los doctores Dr. Diego Figuera y Dr. José Luis Castillo-Olivares Ramos. A algunas víctimas les llegaron incluso a decir que se trataba de válvulas americanas.
La omisión del consentimiento informado supone una vulneración del principio de autonomía de las personas y convierte la intervención en una agresión médica. El artículo 10 del código de Deontología Médica de 1979, establecía que ‘todo paciente tiene derecho a conocer la naturaleza de su enfermedad y a decidir libremente entre las opciones terapéuticas posibles’. Nada de esto ocurrió en estos casos.
Experimentaron con pacientes de zonas rurales y de clase baja
Según nuestras observaciones, la mayoría de las víctimas eran personas de clase baja o individuos desarraigados procedentes del ámbito rural. Consideramos que la selección de estos pacientes no fue casual, sino deliberada, con el propósito de evitar personas con mayor poder o fuertes lazos familiares, lo que les otorgaba una impunidad mayor.
No había seguros de responsabilidad civil
En una conversación telefónica de una de las víctimas con el Dr. Castillo-Olivares, éste confirmó que la empresa que crearon para vender las válvulas no tenía ningún seguro de responsabilidad civil y que simplemente confiaran «en la misericordia de Dios».
No se cumplía la normativa legal ni ética para este tipo de experimentos
Ni las válvulas ni su proceso de experimentación cumplían con la legislación vigente al respecto. Además, para fabricar válvulas Durafic se extrajeron meninges de cadáveres, sin el conocimiento de sus familiares, y sin llevar a cabo los requerimientos para su uso y experimentación.
Entre las normativas nacionales que los doctores Dr. Diego Figuera y Dr. José Luis Castillo-Olivares Ramos no respetaron se encuentran:
- Real Decreto 944/1978 sobre ensayos clínicos.
- Real Decreto 908/1978 sobre el control sanitario y la homologación de material médico.
- Constitución Española.
-Artículo 10. Derecho a la dignidad de la persona y sus derechos inherentes.
– Artículo 15. Se garantiza el derecho a la vida.
– Artículo 43. Derecho a la protección de la salud - Código de Ética y Deontología Médica.
Tampoco con los acuerdos internacionales de bioética en medicina al respecto como son:
- Declaración de Helsinki y Principios de Núremberg.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- La Convención Europea de Derechos Humanos.
Las personas que se atrevieron a denunciar los hechos fueron apartados de sus funciones
Durante el tiempo que duraron los experimentos ilegales, muchos médicos y entidades denunciaron esta mala praxis. Pero fueron callados y generalmente apartados de sus responsabilidades, para que dichos doctores, amigos de las altas esferas, pudieran seguir realizando sus experimentos. Algunos de los profesionales que se atrevieron a denunciar estas prácticas fueron entre otros:
Dr. Mario Alfonso San Juan, catedrático de Farmacobiología e Inspector Nacional de Farmacia del Insalud. Fue el primer denunciante de las prácticas de «cobayismo humano» que se estaban llevando a cabo en España y acabó destinado en la Universidad de la Laguna (Tenerife) y posteriormente fue apartado, sin tener actividad, en el sótano del Centro de Salud Vicente Soldedevillas de Vallecas.
Dr. Román Guaita Egea, capitán médico de la Marina y abogado. Fue Inspector Nacional de Sanidad y fue cesado por denunciar las irregularidades sanitarias y apartado de cualquier función. Acabó como asesor del Defensor de Pueblo.
José Luis Izaguirre Robledo, director del Insalud. Acabo cesado en un consejo de Ministros por Alberto Oliart, dedicándose posteriormente a la empresa privada.
No ha habido justicia, reparación, ni memoria para las víctimas
Desde la mayoría de instituciones públicas, se ha tratado reiteradamente de tapar y acallar esta mala praxis médica.
Nunca se ha completado una investigación judicial, cuyos resultados hayan sido públicos. La falta de acción judicial frente a unos hechos tan graves erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Estas instituciones nunca han reconocido oficialmente todos los hechos. Algunas sentencias han alcanzado a decir que el Estado hizo lo que pudo. Pero eso es claramente falso e insuficiente, porque había muchas denuncias desde hacía tiempo, y no lo pararon hasta que las víctimas y los medios les acorralaron. Porque más allá de lo legal, reconocer públicamente todos los errores que se cometieron es esencial para la dignidad, memoria y duelo de las víctimas.
Nunca ha existido reparación para las víctimas ni sus familiares. Muchas de las personas que murieron eran padres y madres con hijos que quedaron huérfanos, sin sustento ni apoyo. Muchos de los que sobrevivieron tuvieron que cambiar de trabajo o tuvieron secuelas físicas y psicológicas, que les han lastrado el resto de sus vidas.
Además, la inacción de las instituciones públicas establece un peligroso precedente que puede normalizar la impunidad y la experimentación sin control. Esto puede abrir la puerta a futuros abusos en muchos ámbitos sanitarios.
Si quieres saber cómo ha funcionado la justicia ante tantos muertos, te invitamos a leer la siguiente página.


























