Cuando salto el escándalo sanitario, la Fiscalía tuvo en su poder muchas pruebas. Una investigación de la Guardia Civil, una comisión parlamentaria, documentos que revelaban graves irregularidades, los informes anatopatológicos que demostraban la improvisación y cobayismo, así como las denuncias de técnicos sanitarios y médicos que se atrevieron a advertir del peligro de negligencia médica.

Pero ninguna institución del estado decidió paralizar los experimentos. A partir de ese momento, la cadena institucional de corrupción sanitaria en España, participó en un entramado de silencios y excusas, que solo respondió cuando era demasiado tarde y de forma defensiva. No era suya la mano que hacía las válvulas, pero sí suya la omisión de su deber de proteger a sus ciudadanos de una negligencia médica.

Estos doctores siguieron experimentando en seres humanos, hasta que 3 años después, dos pacientes, Josefina Gago López de 30 años y Eduardo Calvo Gómez de 31 años coincidimos en el hospital y descubrimos que habíamos sido sometidos a un terrible experimento, juntos con otras 2200 personas.

Fue tan fuerte el shock al comprobar cómo morían decenas de nuestros compañeros y descubrir que habíamos sido cobayas humanas. Que en aquellos momentos no tuvimos en cuenta el peligro que corríamos. Como éramos pacientes y no dependíamos de las administraciones del estado, nadie implicado en la corrupción sanitaria nos podía cesar. Así que emprendimos nuevas acciones de denuncia y de lucha. Eso nos acarreó amenazas y represalias contra nosotros, dentro y fuera de los centros hospitalarios.

Nunca olvidare las palabras de mi madre Carmen mientras sufría por lo que me habían hecho.

Hijo lucha. Que sepa todo el mundo, que las madres de los pobres también sufrimos cuando hacen daño a nuestros hijos. Lucha hasta el final.

Nadie está preparado para cargar con un peso así: ser consciente de que el Estado que debía protegerte te convirtió en víctima de un experimento ilegal. Descubrir que el mismo sistema judicial que debía impartir justicia prefirió callar el escándalo sanitario para “no poner en peligro la democracia”.

¿Qué democracia es esa que necesita esconder cadáveres de inocentes para sostenerse en pie?

A veces me preguntan por qué sigo insistiendo, por qué no paso página. La respuesta es que la vida de quienes murieron merece memoria, no silencio. Porque aún falta conocer muchas piezas de este puzle y porque aún existen familiares que nunca recibieron una explicación, y que ni siquiera saben en qué condiciones murieron sus seres queridos. Porque las víctimas de las Válvulas de la Muerte no fueron números en un informe, sino personas humildes, trabajadores, madres, hijos, campesinos, que confiaron en la sanidad pública española y fueron traicionados.