¿Funciono la justicia?
En este apartado trataremos de contarles de forma breve, como el caso de Las Válvulas de la Muerte fue abordado por todos los poderes del estado en todo su recorrido. Podrán hacerse una idea de si hubo justicia sanitaria o si hay corrupción judicial en España.
1980–1981 – Juzgado de Instrucción nº 20 de Madrid
La primera vez que el caso llego a los juzgados fue a raíz de tres denuncias:
- Comisiones obreras denuncio la experimentación ilegal en el Hospital Universitario Pta. de Hierro de Madrid.
- José Luis Izaguirre Robledo, director del INSALUD, denunció al Hospital Universitario Puerta de Hierro por desvío de fondos públicos para intereses privados, como la fabricación y compra de válvulas cardiacas por personal adscrito al servicio de Cirugía Cardiaca y al servicio de Medicina experimental. Aportó documentos contables y comunicaciones internas que demostraban la compra irregular de válvulas en proceso de experimentación y sin autorización sanitaria para su implantación.
- En el Congreso del Sindicato Libre de Médicos en la Universidad de La Laguna. El inspector jefe de Farmacia del INSALUD, Mario Alfonso San Juan, denunció públicamente que España era el “paraíso de la experimentación farmacéutica internacional”. Declaró que poseía informes internos, certificados de pacientes y pruebas de la falta de ensayos clínicos que entregaría a un juez.
La fiscalía general del Estado intervino de oficio y abrió diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 20 de Madrid nº 967/1980 por cobayismo y comercio de órganos (extracción de duramadre para fabricar prótesis Durafic).
En el sumario de la demanda judicial médica constaba de ocho tomos con datos como:
- Listados de cadáveres a los que se les había extraído al menos 800 duramadre.
- Facturas de la empresa Implamedic S.A. por venta de prótesis experimentales.
- Informes del GISS (Grupo de Inspección de Servicios Sanitarios).
- Denuncias publicadas en prensa médica y general.
- Testimonios de inspectores sanitarios y del G.I.S.S (Guardia Civil).
La Fiscalía no presento cargos y el Juez Pasalodos sin apoyo de la Fiscalía, archivó la causa.
Mientras el proceso judicial estuvo abierto, no se paralizaron las experimentaciones en humanos. Solo se cambio el material con el que estaban hechas las válvulas por pericardio de ternera. Ninguno de los médicos que aparecían en la causa fueron procesados. Sin embargo, los denunciantes sufrieron represalias: Izaguirre recibió amenazas y fue cesado; Mario Alfonso San Juan fue relegado a un sótano sin teléfono; y el Inspector General de Sanidad, Román Guaita, fue trasladado a un destino irrelevante en Logroño.
1980–1981 Comisión Parlamentaria
Las denuncias del director y del inspector jefe del INSALUD, también consiguieron que el caso saltara a los medios de comunicación. La presión mediática llevo el caso al Congreso de los Diputados. Allí se creó una Comisión Parlamentaria de Sanidad, para investigar si en varios hospitales españoles se estaban utilizando válvulas cardíacas Durafic y Xenofic, fabricadas a partir de duramadre humana y extraída de cadáveres sin consentimiento familiar.
En dicha Comisión se presentaron pruebas documentales:
- Contratos entre hospitales públicos y la empresa Implamedic S.A.
- Nombres de algunas personas fallecidas que se les habían extraído las membranas de su cerebro (Duramadres).
- Listados de pacientes y fallecidos tras la implantación de las válvulas.
- Un informe de 42 páginas del GISS (Grupo de Inspección de Servicios Sanitarios) que alertaba de un “mercado negro de duramadres humanas”.
Durante las sesiones, el diputado Juan Antonio Gutiérrez Castro advirtió: “Esto no es una simple irregularidad administrativa, sino un crimen sanitario que compromete la reputación del Estado”.
Pese a la contundencia de los informes, la Comisión fue disuelta sin emitir conclusiones. El acta final quedó “pendiente de revisión” y nunca se llegó a publicar.
1985–1986 – Juzgado de Instrucción nº 28 de Madrid y Audiencia Provincial
Las nuevas demandas judiciales médicas presentadas por familiares de víctimas, llevaron de nuevo el caso antes los tribunales.
Se demandaron entre otros a los Dr. José Luis Castillo-Olivares Ramos, jefe del Servicio de Experimentación y al Dr. Diego Figuera Aymerich, jefe de Cirugía Cardiaca, ambos del Hospital Pta. de Hierro de Madrid, que a su vez eran los inventores de las válvulas y socios con el 95% del capital de la empresa Implamedic S.A. que fabricaba y vendía las válvulas.
Se abrieron diligencias previas n.º 2.368/1985 y en esta ocasión entre otras pruebas se aportaron:
- Certificados de defunción de pacientes fallecidos tras implantes.
- Informe clínico del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Un informe que era negativo a proseguir con la implantación de las válvulas Xenofic, ya que se deterioraban en cuestión de meses.
- Informe del Ministerio de Sanidad confirmando falta de autorización.
- Informes del fracaso con la implantación a 19 pacientes de válvulas Xenofic, incluida la del denunciante.
- Testimonios de familiares que describían la muerte prematura de pacientes jóvenes tras la operación.
- Declaraciones de médicos admitiendo que no hubo comité de ensayos ni autorización.
El propio juez reconoció que se habían implantado más de 1.200 válvulas ilegales, que al menos 120 pacientes habían muerto y que centenares habían tenido que ser reintervenidos.
Sin embargo, el 22 de marzo de 1986 se dictó auto de archivo con el argumento de una supuesta falta de infraestructura administrativa para aplicar la ley. Posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo.
En el fallo se recogía textualmente: “A pesar de ser los hechos reprobables dentro del prisma ético-social y no haber cumplido las leyes, no constituyen delito penal.”
1989–1990 – Protesta en el Congreso de los Diputados e investigación policial
El 6 de diciembre de 1989, durante el desfile del día de la Constitución española. Eduardo Calvo Gómez, una de las víctimas y denunciante de las violaciones derechos humanos en Europa, intentó entregar 64 documentos directamente al Rey frente al Congreso de los Diputados. Tras subirse en el parachoques del coche de los reyes, fue interceptado por la Guardia Real y trasladado a la Comisaria de la Calle Huertas. La protesta provocó que en 1990 la policía iniciara una investigación interna. El expediente recogía:
- Informes hospitalarios que cifraban en más de 600 las muertes documentadas.
- Cálculos internos que estimaban en 1.200 los fallecidos reales.
- Documentación del Ministerio que confirmaba que nunca hubo ensayos clínicos ni autorización legal para implantarlas en pacientes.
Pese a la contundencia de los informes, estos fueron clasificados Secretos de Estado y ocultados por orden política. Por otro lado el juzgado archivó el incidente en el Congreso de los Diputados con el argumento de que “no había delito en vulnerar la seguridad el Día de la Constitución”.
1990–1991 Segunda querella. Juzgado de Instrucción n.º 40 de Madrid
El 17 de abril de 1991, una segunda querella presentada por familiares de las víctimas, fue admitida a trámite. Además de los médicos denunciados anteriormente, se añadió al Dr. Gregorio de Rábago de la Fundación Jiménez Díaz.
El juicio incluyo testimonios de huérfanos y viudas que pedían explicaciones de la muerte de pacientes jóvenes. Durante el juicio, la jueza interrumpía reiteradamente: “Llame al orden y no mencionen muertos en esta sala”. Las pruebas de las víctimas fueron rechazadas y las de los médicos, aceptadas sin discusión.
La jueza no dicto ninguna condena y cerró el caso con una resolución que trataba los hechos de faltas leves, y por lo tanto estaban prescritos. Además, alego que los hechos ya habían sido juzgados en 1986.
1996 – “Caso Mengele del CESID” Audiencia Nacional, Juzgado nº 5
En 1996, el Juez Baltasar Garzón abrió diligencias para investigar la experimentación con mendigos del CESID usando fármacos paralizantes, para posteriormente usarlos en la guerra sucia contra terroristas por el GAL.
En esta experimentación según reconoció el ex director del CESID, presuntamente habría participado el Dr. Figuera, implicado también en el caso de las Válvulas de la Muerte y que produjo la muerte de al menos un mendigo.
El juez comparo estas violaciones derechos humanos en Europa con los experimentos del médico nazi Josef Mengele. Y víctimas del caso de las Válvulas de la Muerte pudieron testificar y presentar pruebas que ellos habían recogido.
El sumario quedo bloqueado por falta de cadáveres y testigos. Fue archivado sin ninguna imputación porque la legislación española no recogía entonces una figura penal clara para estos crímenes.
1999 – 2000 Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid
Durante la investigación del “Caso Mengele del CESID” en la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón al analizar las pruebas y los testimonios de presentados por víctimas de las Válvulas de la Muerte, dejo constancia de que “existen claros indicios de criminalidad, procédase a la investigación”. Denuncio de oficio y remitió la denuncia al Juzgado de Instrucción n.º 45 de Madrid.
El denunciante aportó más de 100 documentos probatorios, de los que descubrió varios documentos clave desaparecieron durante el proceso.
El Juzgado n.º 45 rechazó casi todas las pruebas y archivó el caso acusando al denunciante de mala fe y amenazándole con pagar las costas si seguía con recursos.
2000 - Recurso al Tribunal Constitucional
Recurrimos el archivo al Tribunal Constitucional que vio indicios de criminalidad y organización ilegal y envío el procedimiento a la fiscalía general del Estado, que a su vez lo remitió a la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Madrid con el nº de procedimiento 326 de 2000.
El 4 de Julio de 2000 es llamado a declarar ante el fiscal Antonio Camacho una de las víctimas y denunciante, el Sr. Eduardo Calvo. El fiscal decidió paralizar la declaración al poco de empezar, cuando el Sr. Calvo le aporto nombres de fallecidos a los que les habían extraído sus órganos. Detuvo la declaración argumentando de que esos documentos eran secretos de estado y que lo tenía que consultar.
El Sr. Calvo nunca más fue llamado a proseguir con la declaración. Sin embargo, el fiscal se puso en contacto con él y le pidió disculpas, informándolo que la Fiscalía estaba para proteger el Estado y este caso se podía poner en peligro la democracia, que las víctimas habían tenido mala suerte y que este caso no se podía abrir por el momento.
2003 – 2004 Querella por estragos contra la humanidad en la Audiencia Nacional
El 3 de abril de 2003 la asociación AVISE, presentó una querella por estragos contra la humanidad contra altos cargos del Ministerio de Sanidad (directores generales de Farmacia entre 1979 y 1982). Se aportaron más de 800 documentos probatorios y fundamentos jurídicos como:
- Constitución Española: artículos 9, 15, 43.
- Convención Europea de Derechos Humanos (1950).
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
- Estatuto de Núremberg (1945).
- Declaración de Helsinki y Reglas de Tokio.
- Real Decreto 944/1978 sobre experimentación en humanos.
El Juzgado Central de Instrucción n.º 2, a cargo del juez del Olmo, resolvió en apenas cuatro frases no admitir la querella. Para no investigar los hechos, uso argumentos como falta de concreción, prescripción de los hechos, ausencia de dolo directo o afirmaciones genéricas.
El fiscal del caso ante las quejas de los denunciantes reconoció en privado: “Que la democracia no estaba preparada para demandas tan alarmantes”.
Recurrimos la sentencia, pero su resolución no aporto muchos más argumentos a los expresados en la primera sentencia.
2004 -2006 Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
Ante la falta de justicia sanitaria. En 2004 se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando la tutela judicial efectiva, así como investigar más de 2.000 posibles víctimas de vulneraciones de sus derechos fundamentales. Como el derecho a la vida, a la integridad física y a la tutela judicial efectiva, recogidos en los artículos 9, 15 y 43 de la Constitución Española.
En mayo de 2006 la Sala Primera del Tribunal Constitucional consideró que la resolución previa de la Audiencia Nacional estaba suficientemente fundamentada y no se justificaba la apertura de una nueva investigación por las demandas judiciales médicas.
2006 – 2010 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
Una vez cumplíamos el requisito de haber agotado todas las vías judiciales en España, en 2006 elevamos la causa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Desde la asociación AVISE denunciamos que más de 2.000 personas humildes habían sido usadas como cobayas, causando alrededor de 1.200 muertes. Vulnerándose leyes nacionales, europeas e internacionales.
En 2009 el TEDH resolvió in admitiendo la denuncia. Prefirieron alegar un requisito contradictorio de no estar directamente afectados, que preocuparse de si habían ocurrido graves violaciones de derechos humanos en Europa.
En 2010 presentamos una nueva demanda que tenía subsanadas las alegaciones usadas para parar la anterior demanda. Pero nuevamente usaron otro formalismo falso para no investigar unos hechos tan graves. Alegando que estábamos fuera de plazo, cerraron definitivamente la última vía para hacer justicia sanitaria que les quedaba a las víctimas.
Y así fue como supervivientes, familiares y doctores íntegros. Lucharon durante treinta años para hacer justicia antes unos hechos gravísimos, que se toparon reiteradamente con la sensación de que la corrupción judicial en España estaba muy arraigada en las instituciones.